La ASF indaga a red de empresas con menos de cinco empleados que acaparó 8,870 MDP en el INE: la ganadora de la licitación subcontrataba a sus competidores
La Auditoría Superior de la Federación investiga un esquema de simulación de contratos en el Instituto Nacional Electoral y organismos locales. | Galería GH, @Aureliano_HPC
La investigación abarca a funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de organismos locales en diez estados por presunta simulación de competencia y uso de factureras.
MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, expuso el esquema de operación de dos grupos corporativos identificados como “GC” y “GHC”. Dichas firmas acumularon 8 mil 870 millones de pesos en contratos públicos asignados por autoridades electorales federales y estatales entre los años 2014 y 2026.
El informe de la ASF detalla que del monto total comprometido, 430 millones de pesos corresponden a contratos directos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE), cifra que representa el 11.3% de los recursos auditados en este rubro. Por su parte, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de diversas entidades concentraron 3 mil 790 millones de pesos en asignaciones a favor de este entramado empresarial.
¿Cómo operaba el esquema de simulación de contratos?
De acuerdo con las indagatorias presentadas por el titular de la ASF, los grupos corporativos involucrados implementaron un patrón sistemático para garantizar la adjudicación de las licitaciones públicas. El mecanismo consistía en la participación de varias empresas pertenecientes al mismo grupo en un mismo concurso. Una vez que una de ellas obtenía el contrato, subcontrataba directamente a las compañías competidoras del propio consorcio.
Pese a facturar montos de cientos de millones de pesos, el análisis financiero e institucional reveló que las empresas ganadoras registraban menos de cinco trabajadores en sus nóminas oficiales, llegando en varios casos a reportar cero empleados formalmente dados de alta. Esta falta de infraestructura operativa se complementó con la fijación de barreras para manipular costos y limitar la competencia real en los procesos de adquisición.
El análisis financiero e institucional reveló que las empresas ganadoras registraban menos de cinco trabajadores en sus nóminas oficiales | Crédito: El Universal/Especial/Banco digital GH
¿Qué irregularidades adicionales y vínculos con “factureras” se detectaron?
Las labores de inteligencia financiera de la ASF identificaron redes de complicidad que vinculan a personas servidoras públicas con personas físicas y apoderados de ambos grupos corporativos. En la revisión de las operaciones, se comprobó que proveedores clave de estas firmas realizaron transacciones por 21.3 millones de pesos con empresas timbradoras de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas tras confirmarse nexos con compañías factureras. Como consecuencia de estos hallazgos, una de las empresas involucradas ya fue suspendida del padrón oficial de proveedores.
El impacto económico se distribuyó en diversas entidades del país mediante asignaciones en los OPLEs locales. Entre los estados con mayores montos acumulados destacan:
- Veracruz: 484.4 millones de pesos
- Oaxaca: 370.3 millones de pesos
- Coahuila: 306.3 millones de pesos
- Puebla: 286.6 millones de pesos
- Nuevo León: 253.9 millones de pesos
- Baja California: 223.3 millones de pesos
- Aguascalientes: 211 millones de pesos
- Estado de México: 163.7 millones de pesos
- Jalisco: 159.5 millones de pesos
- Yucatán: 151.1 millones de pesos
El impacto económico se distribuyó en diversas entidades del país mediante asignaciones en los OPLEs locales. | Archivo GH
Ante la evidencia recopilada, la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio que abarca al INE, a los organismos electorales de las entidades federativas, a las empresas proveedoras y a los servidores públicos relacionados con la aprobación de las contrataciones.
El organismo fiscalizador lleva a cabo un análisis histórico para determinar el momento preciso en que se consolidó este modelo de contratación en las instituciones electorales del país y deslindar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Con información de El Imparcial
