Víctimas de represión policiaca en Jalisco piden a la FGR atraer el caso
Martes 27 de octubre de 2026, p. 31
Guadalajara, Jal., “La que se hacía llamar jefa se le fue encima a una compañera y la ahorcó, delante de gente de (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos, de bomberos, de paramédicos, de otros policías y de todos los que estábamos ahí detenidos. No estoy inventando, la ahorcó delante de todos y ella no dejaba de patalear, nadie hacía nada”, narró la abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas, una de las decenas de víctimas de la represión que autoridades jaliscienses cometieron contra ciudadanos que protestaron el pasado 11 de octubre por el agua sucia que llega a sus domicilios.
Otra víctima, la doctora Daniela Álvarez Zepeda, también ofreció su testimonio de lo que vivió dentro de un cuarto “de 5 por 5 metros” dentro de Casa Jalisco –residencia oficial del gobernador emecista Pablo Lemus–, donde fueron encerrados alrededor de 40 manifestantes a quienes, afuera, aprehendieron con exceso de fuerza luego de que policías los rociaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
“Una chica convulsionó y yo, como médica, intenté acercarme, mínimo para acomodarla en una posición segura. No me dejaron y luego llegaron paramédicos, que ni siquiera son buenos para voltearla. Empezó a convulsionar de nuevo (la joven) y yo me asusté mucho, vi que nada más le pusieron una solución salina. Yo les dije: ‘no le pongas eso’, pero sólo le pusieron agua. Las policías decían que estaba fingiendo, se reían, una indolencia ante gente que ya estás lastimando”, apuntó.
Ambas testigos coincidieron en que padecieron humillaciones, vejaciones, golpes, insultos. A la abogada Arriola, que fue detenida junto con su hija de 19 años luego de acudir a la marcha para exigir agua sin contaminantes, la metieron a Casa Jalisco entre cuatro policías “con el pantalón abajo”; vio a otro hombre a quien introdujeron desnudo al lugar y así lo dejaron hasta que después de un rato “le aventaron un short para que se lo pusiera”.
“Los vamos a desaparecer, ya no van a salir, vamos a ir a buscarlos, tenemos sus fotos, de todos, sus nombres”, contó respecto a las intimidaciones sufridas y las amenazas recibidas durante las 12 horas en que estuvieron retenidas.
Las dos son parte de un grupo de 10 víctimas que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas torturas que padecieron y también han declarado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que atrajo el caso y en un primer informe de lo encontrado sostuvo que el bloque de infiltrados que generó disturbios y dio pretexto para la represión del 11 de octubre, estaba en coordinación directa “con autoridades policiales”.
Exigieron castigar a Lemus
Decidieron difundir públicamente lo que sufrieron. Exigieron castigar al gobernador Lemus y los mandos policiales, empezando por el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, como directos responsables, aunque éste último declaró: “yo no fui” la semana pasada.
Aunque dijeron tener miedo porque policías investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya han ido a sus domicilios, señalaron que declarar de forma pública es una forma de protegerse, e hicieron responsables a las autoridades estatales de cualquier agresión en su contra.
Con información de La Jornada.
