Se extienden a 50 ciudades protestas contra crisis de vivienda en España

Decenas de miles exigen reducir a la mitad las rentas y expropiar inmuebles a fondos buitres

Madrid. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de 50 ciudades de España para exigir soluciones ante la grave crisis de vivienda y entre sus reivindicaciones destacaron cuatro: la convocatoria a una huelga general por los sindicatos mayoritarios, la reducción de 50 por ciento de las rentas habitacionales, la expropiación de inmuebles a los fondos buitres y la aprobación urgente de los contratos indefinidos en el alquiler.

En Madrid se realizó la protesta más multitudinaria, con más de 70 mil personas según la delegación del gobierno español –500 mil de acuerdo con el organizador Sindicato de Inquilinas– y también el enfrentamiento más grave, con grupos ultraderechistas que acudieron para agredir a los manifestantes; tres de integrantes de la organización neonazi Nucleo Nacional fueron detenidos.

Las movilizaciones, que se desarrollaron pacíficamente, se repitieron en al menos 50 ciudades: Palma de Mallorca, Santander, Oviedo, Segovia, Huelva, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Toledo, León, Zaragoza, Granada, Valencia, Cádiz, Salamanca, Santander, Córdoba, Santiago de Compostela, entre otras. En Barcelona se canceló la protesta debido a un temporal.

Sólo en Valencia hubo incidentes, cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia un acto del sector inmobiliario.

Las intensas lluvias en la mayor parte del país no impidieron que miles de personas expresaran su indignación por lo ocurrido la víspera en el Congreso de los Diputados, donde la derecha y la extrema derecha se aliaron con el nacionalismo conservador catalán para rechazar los dos decretos que había aprobado el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez, para intentar solucionar el problema de la vivienda y evitar casos como el de Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que fue desalojada de su vivienda en el barrio El Retiro, el mes pasado.

Las pancartas de todas las movilizaciones llevaban la misma leyenda: “Ahora toca huelga general”, en letras grandes, con lo que incrementaban la presión a los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que llamaron ayer a toda la ciudadanía a marchar.

En la capital española, la manifestación partió en cuatro columnas para confluir en las inmediaciones de la glorieta de Cibeles. La multitud colapsó el centro de la ciudad.

Alicia del Río, vocera del movimiento, aseguró en su discurso para cerrar la marcha que “hemos vuelto a poner la vivienda en el centro y no nos van a dividir… Ahora son los rentistas los que tienen miedo, serán desobedecidos porque nosotros tenemos una ley y es la de la lucha. Vivan la desobediencia y el poder popular”.

Subrayó que la movilización del Sindicato de las Inquilinas ha logrado “más que el gobierno que se dice progresista” y fustigó al Congreso que, resaltó, está “secuestrado por los rentistas”.

Del Río aseveró: “estamos haciendo historia en el país y ya no hay vuelta atrás.

“No vamos a caer en la apatía y el descontento porque hemos aprendido que juntas podemos cambiar las cosas”, agregó al insistir en su apuesta por una huelga general para construir “la verdadera legislatura de la vivienda”.

Valeria Racu, otra de las voceras del Sindicato de Inquilinas, explicó a los medios que “la huelga general todavía no tiene fecha, no la podemos poner nosotras. Y para que sea realmente histórica tiene que haber un consenso entre todos los sindicatos laborales, pero seguramente será pronto porque lo está pidiendo la calle”.

Acusó que el Congreso está “secuestrado por el rentismo” y totalmente desconectado de la mayoría social, pues hay un consenso en la ciudadanía sobre el hecho de que los alquileres “son una lacra con la que hay que acabar”.

Racu hizo énfasis en que las manifestaciones han demostrado que “el poder vuelve a las calles” y advirtió que “esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país”.

En el resto de manifestaciones se repitieron las mismas exigencias. En San Sebastián, Bilbao y Vitoria, las tres principales ciudades del País Vasco, se congregaron más de mil personas; en Santander, la capital de Cantabria, más de 2 mil; en Santiago de Compostela, en Galicia, alrededor de 500 personas expresaron su apoyo al movimiento en la céntrica plaza del Obradoiro; en las ciudades andaluzas de Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera y Málaga, más de mil en cada una.

En las Islas Canarias unas 5 mil 500 personas salieron a las calles en las principales ciudades, como Tenerife, La Palma y Fuerteventura; en Girona, en Cataluña, se calcula que 700 personas se concentraron en la plaza del Vi; y en Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares, más de 3 mil recorrieron el centro de la urbe, que es una de las más castigadas por el furor de los alquileres turísticos y por las viviendas de lujo acaparadas por fortunas extranjeras.

En Valencia, la protesta congregó a más de 6 mil personas, que recorrió parte de la ciudad hasta confluir en el Palu de las Artes, donde en esos momentos se celebraba un congreso del sector inmobiliario. Un grupo de manifestantes rompió la valla de seguridad e intentó entrar en el recinto para boicotear el encuentro, pero los agentes antidisturbios españoles se emplearon con fuerza contra ellos, utilizando gases lacrimógenos y macanas. El saldo fue de cinco jóvenes detenidos y siete uniformados heridos leves.

En Madrid, alrededor de las nueve de la noche, un grupo de 400 ultraderechistas coordinados y con un plan intentaron llegar hasta la Puerta del Sol para agredir a los acampados.

El dispositivo de los agentes antidisturbios lo evitó, al ponerse en medio de los jóvenes fascistas y los activistas de izquierda, que se habían congregado alrededor de los militantes de la Coordinadora Socialista para hacerles frente a los ultraderechistas.

Se registraron escenas de pánico y persecución en pleno centro de Madrid. El ministerio del Interior informó de la detención de tres militantes de extrema derecha, que fueron acusados de atentado a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.

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