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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar ‘O’, señalado como presunto amigo y operador de negocios relacionado con los hermanos Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, por su probable participación en un esquema de delincuencia organizada y un millonario fraude relacionado con el llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por La Silla Rota, un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, admitió la solicitud de la representación social y libró la primera orden de aprehensión formal contra el presunto amigo de Andy López por el delito de delincuencia organizada.
Jorge Amílcar ha sido identificado de manera reiterada en investigaciones periodísticas como una pieza central y presunto operador de “El Clan”, una red de negocios vinculada a los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán.
Quien anteriormente se desempeñaba como comerciante de escusados y azulejos en Tabasco mediante la empresa Euroceramic experimentó, a partir de 2019, una acelerada expansión empresarial. Su red comercial incursionó en la venta de insumos médicos para el sector salud, la construcción de obra pública y la provisión de balasto para el Tren Maya, con ingresos millonarios derivados de contratos con gobiernos federal y estatales.
El expediente Portacelis: el presunto fraude de 834 mdp en aduanas
La resolución del juzgado en el Altiplano representa el resultado de meses de seguimiento financiero. Anteriormente, Jorge Amílcar promovió un juicio de amparo después de percibir vigilancia de agentes de la FGR en las inmediaciones de su domicilio.
Aunque en aquel momento las autoridades informaron que no existía un mandamiento ejecutable en su contra, las indagatorias avanzaron en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública, según lo confirmó en conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fuentes ministeriales señalaron que la acusación por delincuencia organizada está vinculada con presuntos esquemas de contrabando de combustible a gran escala.
El eje probatorio que sustenta la orden de aprehensión radica en la declaratoria de perjuicio presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la FGR.
El órgano tributario documentó un presunto esquema de “huachicol fiscal” mediante Portacelis Gas and Oil, una compañía importadora de hidrocarburos constituida en Villahermosa, Tabasco, y relacionada con la estructura empresarial de Amílcar Olán.
De acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a partir de registros aduanales del SAT, Portacelis habría incurrido en una subdeclaración sistemática de los volúmenes de combustible importados desde Estados Unidos.
Entre febrero y junio de 2025, la empresa reportó formalmente ante las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros el ingreso por ferrotanque de 6.68 millones de litros de diésel en 141 embarques, con un valor fiscal de 72.5 millones de pesos.
Sin embargo, las auditorías de control volumétrico del SAT revelaron una importante discrepancia. La autoridad fiscal estimó que Portacelis habría introducido a territorio nacional cerca de 90 millones de litros de combustible durante ese periodo de cinco meses.
Es decir, la compañía habría reportado y pagado impuestos sobre apenas 7% del volumen estimado como realmente importado, dejando fuera de las declaraciones más de 83 millones de litros de diésel.
Este presunto ocultamiento habría permitido a Portacelis omitir el pago de 834 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —cuya cuota era de 7.09 pesos por litro en 2025— y del IVA.
MCCI señaló que el 27 de septiembre de 2024, a tres días de concluir el sexenio anterior, la Secretaría de Energía (SENER) otorgó a la empresa un permiso para importar un máximo de 52 millones de litros de diésel.
El volumen estimado como introducido al país habría superado en 73% el límite autorizado. Además, Portacelis carecía de infraestructura de almacenamiento y operaba en una oficina rentada en Avenida de los Ríos 216, en Villahermosa, mientras se abastecía de proveedores texanos investigados por el FBI, entre ellos Ikon Midstream LLC.
El entramado corporativo y la cancelación del sello fiscal en tribunales
La reconstrucción societaria elaborada por auditores y periodistas de investigación arrojó información sobre la presunta utilización de prestanombres para ocultar la propiedad de Portacelis.
La firma fue constituida con Juan Carlos de la Cruz Murillo como administrador único, un contador que había trabajado con Olán en Euroceramic desde 2018.
El rastro digital de la compañía también permitió establecer una conexión con el entorno empresarial de Olán. Al analizar los certificados de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) tramitados por Portacelis ante el SAT en 2024, se descubrió que estaban asociados a la CURP de De la Cruz Murillo y al correo electrónico juan.delacruz@euroceramic.com.mx.
En un intento por desvincular al contador, en enero de 2025 se modificó el registro ante el SAT y se asoció a la CURP de un joven residente de una zona rural de la Ranchería Ixtacomitán, en el municipio de Centro, Tabasco.
A la par de las denuncias penales, la autoridad fiscal restringió y posteriormente canceló los Certificados de Sello Digital de la empresa por incumplir con el reporte obligatorio de controles volumétricos.
Portacelis promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero el 15 de enero de 2026 la Sala Regional de Tabasco dictó una sentencia en la que confirmó la validez de la actuación del SAT.
El tribunal respaldó la revocación de los sellos como una medida cautelar frente a las irregularidades fiscales señaladas. Sin un sello digital activo, la empresa quedó imposibilitada para emitir facturas y continuar con la comercialización de combustible en el mercado nacional.
Ramificaciones políticas: financiamiento en Baja California y contratos públicos
El expediente relacionado con Amílcar Olán también alcanza señalamientos sobre financiamiento de campañas electorales y la asignación de contratos públicos.
La controversia se profundizó después de la publicación de grabaciones telefónicas difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus y replicadas por otros medios, entre ellos Infobae, en las que Jorge Amílcar presuntamente se refiere a sus nexos con actores políticos regionales.
En los audios atribuidos al empresario, Olán afirma haber entregado dinero para financiar la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda a la gubernatura de Baja California en 2021.
Olán relata que coincidió con ella en una boda y que mantenía negocios en el estado: “Y en la boda yo tenía negocios allá. De hecho, hasta saluda a tu amiga… a la sinvergüenza de Marina, la gobernadora de allá, que también le di dinero para su campaña”.
Cuestionada sobre estas grabaciones en Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar no confirmó ni negó directamente la supuesta aportación, según Serpientes y Escaleras.
En su lugar, centró su postura en los registros electorales: “Cualquier financiamiento que se haya recibido está dentro del margen de la ley y está declarado ante los órganos electorales… si se recibió, ahí está declarado y si no está declarado es porque no se recibió”.
A este escenario se suman las revelaciones de Infobae y La Silla Rota sobre el negocio inmobiliario de Olán, quien habría recibido al menos 58 millones de pesos por arrendar dos inmuebles al Poder Judicial en Villahermosa entre 2018 y 2026, mediante actos formalizados en la Notaría 27 de Adán Augusto López Hernández.
Asimismo, MCCI documentó que el contador relacionado con Jorge Amílcar figuró en empresas médicas que obtuvieron contratos por 834 millones de pesos con el INSABI y el IMSS, en operaciones que, según esa investigación, presentaron sobreprecios de hasta mil por ciento.
Tras la orden de aprehensión librada en el Altiplano, las investigaciones sobre la red empresarial atribuida a Amílcar Olán enfrentan una nueva etapa ante la justicia federal.
