Es tía de 2 miembros del CJNG arrestados por el crimen del edil
Ernesto Martínez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2026, p. 29
Morelia, Mich., Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del ayuntamiento de Uruapan, fue detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, acusada del delito de encubrimiento, luego de ignorar una multa y tres citatorios para declarar ante el Ministerio Público como parte de las investigaciones del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el 1° de noviembre de 2025. Con ella suman 34 personas arrestadas por este caso.
Vargas Rauda es tía directa de Alexis y Christian Medina, El Brilloso y El Vikingo, respectivamente, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aprehendidos por su presunta participación en el crimen.
La funcionaria municipal, quien era una de las personas de mayor confianza de Manzo y de su esposa y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, también es madre de Alejandro Flores Vargas, El Macas, uno de los siete escoltas del entonces edil, arrestados por homicidio en grado de omisión; es decir, por su falta de actuación al momento del atentado.
La orden de aprehensión contra Alejandra se cumplimentó durante un operativo en un inmueble del fraccionamiento Infonavit Balcones, en la cabecera municipal de Uruapan, donde agentes de la FGE realizaron un cateo, con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Rarámuris denuncian de nuevo perjuicios por proyecto turístico Barrancas del Cobre
Jessica Xantomila y Jared Laureles
Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2026, p. 30
Representantes de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, en Chihuahua, denunciaron de nuevo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las afectaciones que causa el proyecto turístico Barrancas del Cobre en su territorio, como la contaminación de ríos y arroyos. En audiencia pública, en Panamá, señalaron que no fueron consultados sobre la iniciativa en 1997, y a la fecha siguen sin beneficios, pues no cuentan con servicios básicos, como agua potable y escuelas; además, son pocos los residentes empleados en el desarrollo. La representación del Estado mexicano negó que haya violación a los derechos de las comunidades, como a la consulta; aunque dijo que ha impulsado el diálogo y participación comunitaria para identificar sus principales problemáticas y necesidades. Aldo Medina, de la Coordinación General de Derechos Indígenas, explicó que en el marco del programa se ha restituido la propiedad comunal tradicional y se mantiene en ruta de atención a diversos casos. Aunque el gobierno de Chihuahua ha atendido la participación turística de las pueblos originarios, sus representantes expusieron que la principal infraestructura del proyecto se construyó en superficies despojadas. cON INFORMACIÓN DE LA JORNADA.
