Detienen a alcalde de Juchitán por extorsión agravada; investigan posibles vínculos con estructura criminal

Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, fueron detenidos este miércoles 23 de septiembre durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales en Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado de Oaxaca.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

¿Qué investigan las autoridades?

De acuerdo con García Harfuch, las investigaciones relacionan presuntamente a los detenidos con una estructura criminal dedicada a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de posibles actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las autoridades también investigan posibles esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos delictivos en la región. Estos señalamientos forman parte de las indagatorias y no representan una sentencia contra los detenidos.

Como parte de las acciones contra la estructura investigada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.

Traslado y situación jurídica

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de Sánchez Altamirano. Posteriormente, se informó que el alcalde fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

Las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de los detenidos y de otras personas relacionadas con la estructura investigada. Hasta que exista una resolución judicial, debe prevalecer la presunción de inocencia.

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