Ante la inacción o abierta complacencia de las instancias gubernamentales responsables de que los concesionarios de la minería cumplan la ley (secretarías de Economía y del Trabajo) y de aquellas dedicadas a investigar y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con la contratación de células del crimen organizado por los consorcios del sector (para este caso, casi todos canadienses, aunque también grandes corporativos nacionales), la seguridad y los derechos humanos y laborales de los trabajadores son permanentemente vulnerados y sus vidas corren peligro.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado la necesidad de denunciar estas violaciones a la ley y a los derechos humanos y laborales ante las fiscalías estatales y la General de la República, pero parece que la mandataria recibe información sesgada de algunos de sus colaboradores, pues públicamente ha dicho que “no se cuenta con evidencia de tal situación; la denuncia ha sido en los medios de comunicación y no ante alguna instancia estatal o federal de procuración de justicia; quienes tengan pruebas de esos nexos que las presenten”.
Dado lo anterior, el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, detalla que esta organización ha presentado, puntualmente, las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (estado en el que operan consorcios mineros como Camino Rojo, que contratan células del crimen organizado, “lo que permitió abrir la cloaca de otras empresas”) y la General de la República (19 de mayo de 2026), con un resultado por demás cuestionable: la primera instancia archivó el expediente, mientras –en el peloteo– la segunda lo turnó a la primera, y ante la inacción de aquélla, ésta –a petición de la agrupación sindical– retomó (30 de mayo de 2026) el caso en el plano federal, que hasta ahora no arroja resultado alguno.
Sin respuesta
“Nadie ha respondido ni investigado a pesar de todas las pruebas presentadas; es lamentable que el procedimiento se alargue, mientras cada vez más corporativos proceden en el sentido descrito”.
Ante tal situación, y mientras los corporativos mineros no dejan de violar la ley y poner en riesgo los derechos y la vida de los trabajadores, Gómez Urrutia detalla que desde febrero de 2024 denunció esta ilegalidad ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y dos de los tres panelistas (cada uno de ellos representa un país integrante del T-MEC) votaron afirmativamente, “con todas las pruebas que aportamos”, para que el gobierno de México iniciara una investigación formal. El único voto en contra fue del delegado mexicano. El pasado 26 de marzo comenzó la investigación por la negación de derechos humanos y laborales, la colusión de la empresa con el crimen organizado y el riesgo para los trabajadores de perder la vida.
Con información de La Jornada
